El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que regulará la comunicación de un millón de personas sordas en España y facilitará la utilización de intérpretes a quien los necesite.
madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de la lengua de signos y de medios de apoyo a la comunicación para personas sordas y su remisión a las Cortes Generales, una reivindicación histórica del movimiento asociativo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Entre otros aspectos, la nueva ley supondrá introducir esta lengua como una asignatura optativa para el conjunto de los escolares y la promoción de intérpretes para sordos en la Administración.
La norma reconoce la lengua de signos española como lengua de las personas sordas en España que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo, en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, que el coste de este proyecto de ley supondrá dos millones de euros anuales.
En el texto rige el principio de libertad de elección por parte de las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas, por lo que se reconoce y regula de forma diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación.
Respecto a su aprendizaje, el proyecto de ley establece que las administraciones educativas dispondrán lo necesario para promover el aprendizaje de la lengua de signos española al alumnado sordo, con discapacidad auditiva o sordociego que libremente haya optado por esta lengua. Además, se garantizará el aprendizaje de la lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación a las personas usuarias de estos sistemas.
En caso de que esta persona sea menor de edad o esté incapacitada, la elección corresponderá a los padres o representantes legales.
Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación, la Administración educativa competente determinará las titulaciones considere oportunas.
En cuanto al uso, la norma facilitará a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas la utilización de intérpretes de lengua de signos cuando lo precisen en diferentes ámbitos públicos y privados (sanidad, educación, cultura, ocio, transportes, participación política o medios de comunicación).
El proyecto de ley establece también la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, con el objetivo de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.
Además, el Gobierno creará en el Real Patronato sobre Discapacidad el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción con la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas y coordinar actuaciones en este ámbito.
Por último, el texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros también reconoce la existencia de la lengua de signos catalana (junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda signante en nuestro país) en su ámbito de uso.